meneghini

Sobre la carta del P. Gustavo Morello s.j.: “Menéndez, el cristianismo y la revolución”

La Voz del Interior, 4-8-08

El sacerdote jesuita cita algunos datos históricos verídicos, y apreciaciones críticas a la metodología utilizada en la guerra antisubversiva argentina, que pueden compartirse. Pero manifiesta una clara justificación de quienes en la década de 1970 postulaban:

-“la necesidad del cristiano de comprometerse con la lucha revolucionaria para ser coherente con la fe”.

-que “los documentos de la Iglesia abrían la puerta para que los cambios de sistemas injustos se hagan por la vía violenta. Establece que a la luz del Evangelio y la revelación cristiana, no se puede condenar la violencia del oprimido para liberarse de las injusticias que lo someten”.

Afirma, asimismo, sin cuestionar el concepto, que la Revista Cristianismo y Revolución: “En una actualización de la doctrina del tiranicidio, sostuvo que la violencia revolucionaria era un recurso frente a estructuras intolerables e injustas”.

Es necesario recordar:

1. La tesis del tiranicidio fue sostenida, únicamente, por el jesuita Juan de Mariana, en el siglo XVI. Nunca la Iglesia aceptó que se pudiera asesinar a un gobernante aunque fuese considerado tirano. Santo Tomás enseñó: “Han creído algunos que cuando ya ha llegado a ser insoportable el yugo de la tiranía, debe el más esforzado del pueblo dar muerte al tirano exponiendo su vida por el bien de la causa pública”. “Esta opinión es contraria a la doctrina apostólica…”. Es claro que: “Mariana no da mucha importancia al poder espiritual del Papa y en este sentido no es un jesuita típico”. En eso se asemeja al P. Morello.

2. Al momento de la publicación de la citada revista, el Episcopado argentino había declarado en la “Reunión de San Miguel”: “La necesidad de una transformación rápida y profunda de la estructura actual nos obliga a todos a buscar un nuevo y humano, viable y eficaz camino de liberación con el que se superarán las estériles resistencias al cambio y se evitará caer en las opciones extremistas, especialmente las de inspiración marxista, ajenas no sólo a la visión cristiana sino también al sentir de nuestro pueblo” (12-8-1970).

3. La Conferencia de Medellín, tan citada por los sacerdotes que se consideran post-conciliares, tampoco avala el recurso a la violencia, si bien reconoce que América Latina se encuentra, en muchas partes, en una situación de injusticia que puede llamarse de violencia institucionalizada”, por lo que no debe extrañar que surja “la tentación de la violencia” (2, 16). Advierte el documento que “la violencia o revolución armada generalmente engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas; no se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor” (2, 19).

Lamento que mi alma mater, la Universidad Católica de Córdoba, esté hoy a cargo de sacerdotes que se apartan notoriamente del Magisterio. Benedicto XVI, de visita en Estados Unidos, les manifestó a los educadores católicos: “toda invocación del principio de libertad académica para justificar posiciones que contradigan la fe y la enseñanza de la Iglesia obstaculizaría o incluso traicionaría la identidad y la misión de la Universidad, una misión que está en el corazón del munus docendi de la Iglesia y en modo alguno es autónoma o independiente de la misma” (17-4-08).

Córdoba, 4-8-08.-

Mario Meneghini

Referencias:

Meneghini, Mario. “Doctrina de Seguridad Nacional y guerra antisubversiva”; en: http://meneghini.blogia.com/temas/guerra-antisubversiva.php

Sabine, George. “Historia de la teoría política”; FCE, 1968, pág. 290.

Ebenstein, William. “Los grandes pensadores políticos”; Revista de Occidente, 1965, pág. 275.

BICENTENARIO ARGENTINO[1]

      1. Es importante analizar el tema que nos convoca hoy, puesto que se están programando actividades para celebrar en el 2010 el Bicentenario de la Argentina; en un momento de profunda crisis en el país. Aunque, como señala Mons. Aguer: “lo propio de la Argentina es, al parecer, vivir en crisis permanente y que, en todo caso, eso ya no puede llamarse crisis sino decadencia”[2]. Agrega el Arzobispo de La Plata: “Lo que hoy pareciera más notable es un clima de irritación, de división, de descontento, de protesta, de queja, una especie de atomización social que estamos padeciendo”. Estos síntomas evidencian que está debilitada la concordia, factor imprescindible para que exista una nación en plenitud, y para que se cumpla el anhelo de la Oración por la Patria: el compromiso por el bien común.

     2. El doble centenario de un país, es ocasión propicia para reflexionar en profundidad sobre los problemas y la mejor manera de superarlos en el futuro, de allí que sea razonable que se hable de un Pacto del Bicentenario. Pero, en primer lugar, debemos precisar los términos, puesto que, en realidad, se trata de un aniversario equívoco, por lo que es necesario distinguir dos aspectos involucrados en esta celebración. En efecto: ¿el bicentenario alude a la nación o al Estado argentino?

     3. Si se toma la expresión Nación Argentina como equivalente a Estado Argentino, es necesario decir que el mismo no quedó constituido el 25 de mayo de 1810, fecha en que se formó un gobierno propio, pero provisorio, hasta que el Rey Fernando VII -que estaba preso de Napoleón- reasumiera su corona. El Estado Argentino sólo surgiría seis años después, con la Declaración de Independencia. En efecto, al asumir sus cargos los integrantes de la Junta Provisional Gubernativa, consta en el acta de acuerdos del Cabildo: “el presidente [Saavedra], hincado de rodillas y poniendo la mano derecha sobre los Santos Evangelios, prestó juramento de desempeñar lealmente el cargo, conservar íntegra esta parte de América a nuestro Augusto Soberano Fernando VII y sus legítimos sucesores y guardar las leyes del Reino...”.

     4. Por otra parte, si se toma la expresión Nación Argentina en su sentido sociológico, como conjunto de personas que conviven en un mismo territorio y poseen características comunes: étnicas, linguisticas, culturales, históricas y religiosas, y manifiestan el deseo de continuar viviendo juntas; la Argentina ya estaba consolidada antes del 25 de mayo. A partir del 29 de junio de 1550, con la fundación de la ciudad de Barco -la actual Santiago del Estero- comienza la lenta formación de nuestra nación.

Consideramos que en ocasión de las invasiones inglesas, quedó en evidencia que la Argentina como nación estaba ya consolidada pues:

       1º) Existía ya en el territorio del Virreynato del Río de la Plata, mayoría de criollos, algunos de los cuales, como Saavedra y Belgrano -integrantes de la Primera Junta-, desempeñaban funciones públicas de importancia.

2º) Existía, como lo afirma el sociólogo Guillermo Terrera, una cultura criolla argentina que para 1750, tenía caracteres propios y definidos.

3º) No existían en número suficiente tropas profesionales para repeler el ataque extranjero, de modo que la resistencia estuvo a cargo de las milicias criollas y de los vecinos que se sumaron voluntariamente a la lucha. Sería impensable que esto ocurriera en una sociedad cuyos integrantes se conformaran con ser una colonia. Precisamente, la decisión masiva  de los criollos de combatir, revela a un pueblo con identidad propia que asume la  defensa de  su tierra, pese a la ausencia del Virrey, que se había replegado a Córdoba.

4º) Si queremos fijar en una fecha la vigencia de la nacionalidad argentina, la que corresponde es la del 12 de agosto de 1806, cuando se produce la Reconquista de Buenos Aires. Con buen criterio, en Salta se ha constituído una comisión de homenaje a “La década del bicentenario argentino: 2006-2016”.

5. Desde el comienzo de la vida independiente, el Estado Argentino fue el marco formal de una sóla nación, por lo que ambos aspectos mencionados están estrechamente vinculados; a lo que puede agregarse que uno de los factores concurrentes en el  debilitamiento de la nación, es la desaparición del Estado.

6. El Dr. Marcelo Sánchez Sorondo ha estudiado el tema[3], y conviene conocer su argumentación. Sostiene este autor, que todo Estado incluye un gobierno, pero no todo gobierno implica que existe un Estado. El Estado es una entidad jurídico-política, que surge recién en una etapa de la civilización, como complejo de organismos, al servicio del bien común. Supone una delimitación explícita del poder discrecional; si un  gobernante puede afirmar “el Estado soy yo”, queda demostrada la inexistencia de un Estado. Pues la hipertrofia del poder personal, sin frenos, es un síntoma de la ausencia de un Estado.

En toda institución -y el Estado es la de mayor envergadura en un territorio determinado-, el dirigente se subordina a la finalidad perseguida y a las normas establecidas. “No hay Estado si el contexto político y el orden jurídico que lo encuadran son una ficción y por momentos una superchería. Cuando el poder no se emplaza en la órbita de las instituciones sino que se adscribe a una tipología grupal o meramente personal, entonces no se alcanza ese nivel de civilización política que implica la existencia en plenitud, la plenipotencia del Estado”[4]. El gobierno no encuadrado en un Estado, es errático y caprichoso; sirve únicamente para el enriquecimiento e influencia individual de los gobernantes, que no pueden lograr el funcionamiento eficaz de la estructura gubernamental. De allí la paradoja de culpar al Estado de todos los problemas, cuando el origen de los problemas es la ausencia del Estado.

7. En síntesis, la Argentina no tiene Estado, sólo gobiernos. Pero, para intentar demostrar esta tesis, es necesario profundizar en las notas características que distinguen a un Estado contemporáneo, más allá de las formalidades constitucionales y del tipo de gobierno establecido. Para ello, utilizaremos el esquema del Profesor de Mahieu[5] quien define al Estado como el órgano de síntesis, previsión y mando, de una  sociedad territorialmente delimitada, que procura el bien común. Es decir, que sólo puede calificarse de Estado, aquel que cumple las tres funciones básicas señaladas.

A. La función de síntesis. La unidad social es el resultado de la interacción de las diversas fuerzas sociales constitutivas, síntesis en constante elaboración por los cambios que se producen en los grupos y en el entorno. La superación de los antagonismos internos no surge espontáneamente; es el resultado de un esfuerzo consciente por afianzar la solidaridad sinérgica a cargo del Estado. A semejanza del director de orquesta, es el Estado el que logra crear “una melodía social unitaria y armoniosa”[6]. El poder estatal tendrá legitimidad en la medida en que cumpla dicha función, garantizando la concordia política.

B. La función de planeamiento. El Estado centraliza la información que le llega de los grupos sociales; recopila sus problemas, necesidades y demandas. Los datos son procesados y extrapolados en función de los fines comunes, fijados en la Constitución Nacional y en otros documentos, que señalan los objetivos políticos y los valores que identifican a un pueblo. Con mayor o menor intensidad, según el modelo gubernamental elegido, es en el marco del Estado donde debe realizarse el planeamiento global que establezca las metas y las prioridades en el proceso de desarrollo integral de la sociedad, en procura del Bien Común. Por cierto que, en una concepción jusnaturalista, el planeamiento estatal sólo será vinculante para el propio Estado, y meramente indicativo para el sector privado. La autoridad pública no debe realizar ni decidir por sí misma “lo que puedan hacer y procurar las comunidades menores e inferiores”, en palabras de Pío XI. Pero, debido a la complejidad de los problemas modernos, el principio de subsidiariedad resulta insuficiente para resolverlos sin la orientación del Estado, que mediante el planeamiento se dedique a “animar, estimular, coordinar, suplir e integrar la acción de los individuos y de los cuerpos intermedios”[7].

C. La función de conducción. La esencia de la misión del Estado es el ejercicio de la autoridad pública. La facultad de tomar decisiones definitivas e inapelables, está sustentada en el monopolio del uso de la fuerza, y se condensa en el concepto de soberanía. El gobernante posee una potestad suprema, en su orden, pero no indeterminada ni absoluta. El poder se justifica en razón del fin para el que está establecido y se define por este fin: el Bien Común temporal.

8. Si un Estado no posee, en acto, estas tres funciones, ha dejado de existir como tal o ha efectuado una transferencia de poder en beneficio de organismos supraestatales, o de actores privados, o de otro Estado.

Esta es, precisamente, la situación argentina, pudiendo citarse la opinión de tres intelectuales prestigiosos:

* Dr. Jorge Vanossi (siendo Ministro de Justicia): “La Argentina es un Estado debilucho, que está al borde de la anomia...”(La Nación, 17/3/02).

* Dr. Manuel Mora y Araujo: “...el Estado argentino no funciona. No cumple su papel, no brinda a la sociedad los servicios que se esperan de él...”(La Nación, 20/3/02).

* Dr. Natalio Botana: “...podemos llegar a una conclusión provisoria muy preocupante: que tenemos una democracia en un país sin Estado y sin moneda.” (Clarín, 28/4/02).

La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, al analizar el reciente conflicto con el campo (26-6-08), cuestiona en su dictámen el “grave deterioro del sistema institucional que diluye la firmeza propia de un auténtico Estado de Derecho”.

Como hipótesis, nos animamos a decir que el Estado argentino dejó de funcionar como tal a partir de junio de 1970, pues,  aplicando el esquema teórico expuesto, podemos advertir que desde  la fecha indicada resultaron afectadas las tres funciones básicas.

9. En conclusión, si es correcto el análisis, la prioridad absoluta consiste en restaurar el Estado, y procurar que actúe eficazmente al servicio del bien común. Ello no ocurrirá como consecuencia necesaria de elaborar un buen diagnóstico. Por eso, decía Don Ricardo Curutchet: “No basta con denunciar que se pierde la Argentina, es necesario actuar para contribuir a salvarla”. Es insensato confiar en que, precisamente en el momento más difícil de la historia nacional, podrá producirse espontáneamente un cambio positivo. Sólo podrá lograrse si un número suficiente de argentinos con vocación patriótica, se decide a actuar en la vida pública buscando la manera efectiva de influir en ella. Un dirigente político no puede limitarse a exponer los principios de un orden  social abstracto. La doctrina tiene que estar encarnada en hombres que cuenten con el apoyo de muchos, formando una corriente de opinión favorable a la aplicación de la doctrina. Debe encararse con seriedad la preparación de un Proyecto Nacional y la constitución de equipos aptos para aplicarlo.

10. Desde hace cuarenta años se menciona frecuentemente el tema del proyecto nacional, aludido como un elemento imprescindible para superar la crisis argentina, y se alega que la carencia del mismo es uno de los factores de dicha crisis. Sin embargo, son escasas las propuestas realizadas en orden a la elaboración de un proyecto concreto.

La expresión proyecto nacional ha sido definida como: “un esquema concreto y coherente de objetivos, instrumentos y distribución de responsabilidades, conocido, aprehendido, consentido y aceptado por la colectividad o por su mayoría efectiva y políticamente significativa y perdurable, las cuales se sienten entonces identificadas con él”[8].

11. Si analizamos los antecedentes argentinos, comprobamos que existen notables coincidencias en todos los documentos existentes; en especial, en los dos que fueron impulsados desde el Estado. En efecto, tanto el generado por el Ministerio de Planeamiento (1977), como el que fuera leído por el Presidente ante la Asamblea Legislativa, tres años antes, parten de una cosmovisión similar. Aluden a una cultura “cuyos valores fundamentales reconocen como fuente el acervo religioso y moral del Cristianismo, el saber filosófico de la Grecia clásica y la tradición político-jurídica de la antigua Roma”[9].

Los Principios básicos, sostienen que[10]:

-El hombre es una persona, creada por Dios, dotada de cuerpo y alma, y poseedora de un destino trascendente.

-El hombre no se basta a sí mismo, sino que necesita de la sociedad. Esta es una pluralidad de personas unidas moralmente de manera estable, para la consecución del bien común. La sociedad humana es una sociedad de sociedades.

-La primera de esas sociedades naturales es la familia. Su constitución y su desarrollo responden -como los derechos humanos- a leyes naturales anteriores a toda organización social.

-Más allá de la familia, las necesidades, intereses y aspiraciones de tipo económico, social, cultural o religioso, impulsan al hombre a agruparse en sociedades intermedias, con el fin de defender y promover bienes comunes particulares.

-La historia y la geografía crean, sobre la base de las familias asentadas en un territorio, una comunidad étnica y ética, la nación, fundada en la lengua, la historia, la cultura, las costumbres y las aspiraciones comunes. Es una comunidad de destino en lo universal.

-Sin confundirse con la nación, la sociedad, territorialmente delimitada, crea un órgano especializado en el mando, que es el Estado, destinado a regir dicha sociedad.

12. Sobre la base de: a) la distinción previa de los conceptos de nación y Estado, b) la necesidad de restaurar el Estado, y c) la elaboración de un Proyecto Nacional que contenga los principios citados, podrá celebrarse dignamente el Bicentenario Argentino, logrando superarse la decadencia actual y lograr una Patria apasionada por la Verdad y comprometida con el Bien Común.

Mario Meneghini

Muchos intelectuales católicos, en Europa y América, sostienen que la democracia –generalmente mencionada así, sin distingos, como si fuese un vocablo unívoco- conduce inevitablemente a la perversión en la sociedad donde existe; siendo moralmente ilícita cualquier participación en ese tipo de régimen.  Consideramos necesario profundizar en este tema, pues da lugar a legítimos disensos, no sólo en los aspectos instrumentales de la acción política, sino también en la interpretación de los principios doctrinales. Por razones de espacio, los argumentos detallados de nuestra posición se encuentran en un blog[1], limitándonos en este artículo a resumir la conclusión.

Que la política contemporánea ofrece un panorama desolador nadie lo puede negar, pero ante este horizonte, consideramos que no basta con trabajar en el campo de la cultura, y criticar la realidad presente, esperando que se produzca un cambio positivo, puesto que: “El poder es la facultad de mover la realidad, y la idea no es capaz por sí misma de hacer tal cosa”[2].

Como se pregunta Gómez Pérez[3]: ¿qué hacer mientras tanto? Porque, si mientras damos el buen combate en el plano religioso e intelectual, nos abstenemos de actuar a través de las instituciones vigentes, “la política, que es un asunto humano de primera importancia, queda relegada al campo de lo casi pecaminoso y, de rechazo, el cristianismo se convierte en algo ya ultraterreno, cuando en realidad su dimensión trascendente no ahorra ahora sino que estimula la acción en las entrañas de la historia”.

Cuando se analizan cuestiones temporales, conviene recordar la afirmación de Fulvio Ramos[4], quien reflexionó sobre la democracia:

“Los cristianos sabemos que en la búsqueda de una recta ordenación social, las soluciones que se hallen serán siempre imperfectas como imperfecta es toda obra humana, y que el sumo bien y la suma perfección no son atributos humanos sino divinos, que sólo podremos alcanzar en la eterna bienaventuranza”.

En otro párrafo del mismo libro, al referirse Ramos a la enseñanza pontificia sobre las formas de gobierno y temas conexos, afirma: “Como ya expresamos, respecto de estas cuestiones tan contingentes y variables no caben las posturas dogmáticas. Lo que sí ha rechazado la Iglesia es el principio de la soberanía popular, el individualismo como base de la vida social y la democracia de masas que es su consecuencia”.

Precisamente, un problema, al abordar cuestiones políticas, es no precisar adecuadamente  el límite entre lo doctrinal y lo prudencial. Por cierto que es lícito a todo católico opinar de acuerdo a su propio criterio en temas opinables, pero no en cuestiones que han sido definidas por la Doctrina Social de la Iglesia. Si se afirma, por ejemplo, “la intrínseca ilegitimidad de origen que posee todo gobierno democrático”[5], debe aclararse que se trata de una opinión, que no se basa en ningún pronunciamiento del Magisterio. Sorprende que personas inteligentes y honestas, crean que la acción cívica sólo se justifica cuando existen posibilidades de acceder al poder para aplicar íntegramente la sana doctrina.

Asumir una posición rigorista en temas de procedimiento, implica colocar a quien defiende la necesidad de actuar en la vida cívica, pese a las dificultades, en una situación casi herética, siendo que dicha participación ha sido insistentemente recomendada por los Papas.

El enfoque realista en materia política ha sido destacado por Joseph Ratzinger[6]:

“Ser sobrios y realizar lo que es posible en vez de exigir con ardor lo imposible ha sido siempre cosa difícil… El grito que reclama grandes hazañas tiene la vibración del moralismo; limitarse a lo posible parece, en cambio, una renuncia a la pasión moral, tiene el aspecto del pragmatismo de los mezquinos”.

Es cierto que, en determinadas circunstancias, el lícito negarse a participar activamente en política. Pero, la decisión de abstenerse, de manera permanente y en todas las instancias y niveles electorales, no puede fundamentarse en ningún documento pontificio. Pese a las objeciones que la Iglesia ha hecho al sufragio universal –método utilizado en casi todos los países- nunca ha afirmado que votar implique una falta; por el contrario, exhorta a votar como exigencia moral, según se indica taxativamente en el Catecismo de la Iglesia Católica (p. 2240), y en la Constitución Gaudium et Spes (p. 75).

Procurar el reemplazo de los procedimientos actuales de selección de gobernantes, constituye un noble esfuerzo, siempre que la alternativa propuesta sea factible y no una fórmula abstracta, para ser aplicada en un futuro indefinido. Sobre eso escribió Pablo VI: “La apelación a la utopía es con frecuencia un cómodo pretexto para quien desea rehuir las tareas concretas refugiándose en un mundo imaginario. Vivir en un futuro hipotético es una coartada fácil para deponer responsabilidades inmediatas”[7].

Para finalizar, nos estimulan a continuar el arduo camino de servir al bien común con los instrumentos disponibles, los consejos de Santo Tomás Moro[8], Patrono de los Gobernantes y Políticos:

-“Si no conseguís todo el bien que os proponéis, vuestros esfuerzos disminuirán por lo menos la intensidad del mal”.

-“La imposibilidad de suprimir enseguida prácticas inmorales y corregir defectos inveterados no vale como razón para renunciar a la función pública. El piloto no abandona su nave en la tempestad, porque no puede dominar los vientos”.

Córdoba (Argentina), junio 10  de 2008.-

  ¿PUD0 EVITARSE EL DERROCAMIENTO DEL GOBIERNO?    

Acaba de conocerse, por una carta de lectores al diario Clarín (18-3-06), el testimonio del Sr. Guillermo Bringiotti, quien, siendo estudiante de periodismo, tuvo oportunidad de entrevistar al presidente del Partido Radical, Dr. Ricardo Balbín, días antes de aquella fecha. Relata haber escuchado ésta frase textual: “Ya no hay nada que hacer, la suerte está echada”.

Quienes vivimos intensamente lo acontecido en esos días, recordamos que el Dr. Balbín manifestó en una aparición por televisión: “Debe haber una solución, pero yo no la tengo”.    Parece obvio que si el líder del principal partido opositor se expresaba así, es que no existía una alternativa viable al golpe de Estado. Sin embargo, desde hace años se insiste, y acaba de repetirlo el actual gobierno argentino -con motivo de la ley que establece la fecha mencionada como feriado nacional-, que el motivo del derrocamiento fue el deseo de instaurar una dictadura que reprimiera a quienes se opusieran a un nuevo modelo económico de explotación.       

Por cierto que no puede avalarse el método utilizado para combatir a los grupos subversivos que actuaron en la década de 1970, pero, tanto el accionar terrorista como la represión ilegal ya existían antes del cambio de gobierno. Hubo 908 desaparecidos antes del 24-3-76, y la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha antiterrorista fue dispuesta en 1975 por un gobierno constitucional.   

El 24 de marzo, la sociedad argentina estaba al borde de la desintegración, con un sector público anarquizado y que había perdido el monopolio del uso de la fuerza. Todos los mecanismos constitucionales y todos los matices y las combinaciones imaginables dentro del sistema vigente se habían mostrado ineptos para revertir aquella carrera hacia la disolución[1]. Además, como acaban de recordarlo los obispos, el derrocamiento del gobierno fue consentido por parte de la dirigencia de aquellos momentos[2].

Como resume una reciente crónica periodística: Nadie alzó un dedo, siquiera una voz, se vivió una jornada de sugestiva normalidad, para quejarse por esa malhadada interrupción. Más bien, era admitida y hasta querida por imposibilidad de modificar la sistemática incompetencia de un gobierno[3].   En realidad, hasta el último cuatrimestre de 1974 la opinión predominante en las Fuerzas Armadas era refractario a involucrarse nuevamente en la conducción del Estado; incluso consideraban que el problema subversivo debía ser enfrentado por las fuerzas de seguridad y no por los militares. El panorama fue cambiando debido al fracaso del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) al intentar tomar un cuartel, lo que impulsó, como represalia, el asesinato indiscriminado de miembros de las Fuerzas Armadas, y esto, a su vez, comenzó a modificar la opinión militar.    El gobierno constitucional, en 1975, encomendó a las Fuerzas Armadas la represión de la actividad guerrillera. Al inicio de 1976, había dos generales en actividad a cargo, respectivamente, de la Policía federal y de la SIDE (Secretaría de Informaciones del Estado). Si se dio el paso siguiente -asumir el gobierno- fue por la convicción de que era la única manera de terminar con el caos y vencer a la subversión[4].  

Carencia de solución institucional       

Como la intervención militar en 1976 no fue la primera en la historia política argentina, es necesario detenerse a evaluar el motivo de fondo que produce esas interrupciones en la normal sucesión de autoridades constitucionales. Recordemos que las rupturas institucionales se produjeron, durante el siglo XX, en 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976, sin contar el alejamiento forzoso del presidente Frondizi, en 1962, por aplicación discutible de la ley de acefalía.   Carece de rigor analítico la suposición de una continuidad en el empeño de las Fuerzas Armadas de ocupar el poder. Además, con excepción de 1955, en que hubo enfrentamientos armados, los cambios de gobierno se hicieron pacíficamente, sin verificarse nunca -ni siquiera en el 55- las características de un fenómeno revolucionario. Tampoco existió nunca una casta militar, que se suceda en el tiempo, ni logias que transmitan a sus continuadores una manera unívoca de actuar en el plano político.

El estilo de gobernar y las definiciones públicas de los jefes militares de 1976, no presentan la menor coincidencia con lo registrado 46 años antes, en el gobierno surgido del golpe de 1930.   Consideramos evidente que hay un motivo estructural: la carencia de un remedio institucional, que opere en casos de emergencia. La opinión de los constitucionalistas es clara[5]: quien asume el Poder Ejecutivo como consecuencia de un golpe de Estado es denominado presidente de facto, dado que no es un mero usurpador, y su investidura es admisible cuando se dan algunos requisitos:

a) el acatamiento pacífico de la comunidad;

b) la disposición de los medios para asegurar el orden, la paz, los servicios públicos y los derechos de los ciudadanos;

c) la necesidad de proveer, mediante la existencia de un gobierno, a la atención de aquellas necesidades;

d) el ejercicio público y pacífico del poder.   

Lo señalado no difiere de la doctrina clásica sobre el derecho de resistencia, que es asimilada por el Catecismo de la Iglesia Católica (nº 2243).    

Ahora bien, como en nuestro caso se repitió seis veces en un siglo la situación anómala de gobiernos imposibilitados de gobernar, que debieron ser reemplazados por autoridades de facto, debemos concluir que los golpes de Estado funcionan como verdaderas enmiendas constitucionales. Es decir que, al no estar prevista en la Constitución Nacional la solución jurídica que permita el reemplazo pacífico del gobierno que perdió la legitimidad de ejercicio, se admite de hecho la solución fáctica, avalada incluso por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Esto es consecuencia directa del sistema partidocrático, que ha impedido en todos los casos mencionados la utilización del juicio político, único remedio previsto en la Constitución.      

Cabe destacar, que en el dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia (7-10-86), creado para procurar el perfeccionamiento  de las estructuras políticas, y que sirvió de base para la reforma constitucional de 1994, no se incluyó ninguna propuesta destinada a facilitar una solución institucional en las coyunturas analizadas. Es que el gobierno de entonces, había iniciado una maniobra, continuada por sus sucesores, destinada a evitar para siempre el peligro de golpe de Estado, mediante un recurso drástico: la destrucción de las Fuerzas Armadas. Ello se consiguió, a través de: a) la disminución paulatina del presupuesto militar, que impide el cumplimiento de la misión de las tres fuerzas, y congeló los sueldos del personal; b) la supresión por ley del servicio militar obligatorio; c) el descabezamiento reiterado de los mandos superiores, lo que dificulta un trabajo programado, y desarticula la carrera profesional basada en el mérito.  

Se ha señalado[6] que no puede existir un Estado, propiamente dicho, sin Fuerzas Armadas, que constituyen una institución fundacional de la República, y simbolizan la unidad del pueblo, y la capacidad coercitiva que corresponde a la soberanía del poder estatal. Aquellas, han mutado a una Guardia Pretoriana, disponible para ejecutar las órdenes del gobernante de turno, al margen de cualquier código de honor. Del Estado, ya inexistente, sólo resta el gobierno, hipertrofiado en un poder político personalizado carente de todo límite.   Se ha logrado, entonces, el objetivo: impedir que las Fuerzas Armadas puedan actuar en el futuro como recurso extraordinario en situaciones límites, no solucionables por medio de las normas vigentes, de modo de garantizar la continuidad de la República. 

Mario Meneghini

21-3-06 (Publicado en: http://bitacorapi.blogia.com)     

[1]  Iribarne, Miguel Ángel. “El rescate de la República”; Buenos Aires, Emecé, 1978, p. 11.

[2]  Conferencia Episcopal Argentina, 15-3-06.

[3]  Ámbito Financiero, 20-3-06.

[4]  Fraga, Rosendo. La Nación, 19-3-06.

[5]  Bidat Campos, Germán. “Manual de Derecho Constitucional Argentino”; Buenos Aires, EDIAR, 1972, pgs. 695/697.

[6]  Sánchez Sorondo, Marcelo. “La Argentina no tiene Estado, sólo gobiernos”; en Revista Militar, Nº 728, 1993, pgs. 13/17.

Frente a las críticas y dudas que han circulado últimamente con respecto a la presunta vinculación del  Presidente de Colombia con la comercialización de las drogas, y dado que he estudiado el tema del narcotráfico colombiano[1], me permito disentir con  algunas conclusiones.

Me tomé el trabajo de leer el Cap. III, del libro: “Los jinetes de la Cocaína”, publicado en Internet por una organización de derechos humanos, que se menciona como fundamento de las críticas. De un total de 38 páginas del capítulo, en el que se detallan muchos datos sobre los clanes del narcotráfico colombiano -coincidentes, en general, con la bibliografía que he consultado-, lo único que se menciona respecto al actual Presidente y a su padre, es lo que transcribo textualmente, a continuación. 

1. “También es oriundo de Antioquia el senador Alvaro Uribe Velez,. cuyo padre, Alberto Uribe Sierra, era un reconocido narcotraficante, quien le otorgó licencia a muchos de los pilotos de los narcos, cuando fue director de Aerocivil. Uribe estuvo detenido en una ocasión para ser extraditado, pero Jesús Aristizabal Guevara, entonces secretario de Gobierno de Medellín, logro que lo pusieran en libertad. Al entierro de Uribe Sierra, asesinado cerca de su finca en Antioquia, asistió el entonces presidente de la República, Belisario Betancur, y buena parte de la crema y nata de la sociedad antioquena. en medio de veladas protestas de quienes conocían sus vínculos con la cocaína.” 

2. “Los coqueros buscaron la solidaridad social a través de programas que aparentaban tener un sentido cívico, como Medellín sin Tugurios, plan lanzado públicamente en Bogotá por el Alcalde Alvaro Uribe Velez, y que consistió; según se supo luego, en las mil casas en obra negra que fueron donadas a los residentes en un basurero de la ciudad, financiadas por Pablo Escobar también adelantó el programa Medellín Cívico, en el que el narcotraficante dono miles de arbustos para ser plantados en los antejardines y los parques.”

[Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor- Derechos Human Rights el 06oct01] 

Reflexión: 

A) 1. Del padre -cuyas acciones no pueden afectar al hijo, por cierto-, no se presenta ninguna evidencia de delitos cometidos, ni menos condenados. Que un director de Aeronáutica otorgue el brevet de piloto a quien apruebe las pruebas respectivas, no significa complicidad con lo que realice, posteriormente, dicho aviador.       

2. No puede admitirse que haya sido “un reconocido narcotraficante”, pues el mismo libro no lo incluye en ninguno de los clanes, ni menciona operativo alguno en el que haya estado involucrado.         

3. Lo que sí ha sido señalado por el periodismo es que, siendo hacendado, colaboró financieramente con grupos paramilitares  -cosa común entre los propietarios de fincas-, para la defensa contra la guerrilla, que finalmente lo asesina.

 B. Del actual Presidente, sólo se afirma que, siendo Alcalde, aceptó que el jefe de un clan aportara dinero para planes municipales de urbanización. Es curioso que, habiendo sido, después de esa fecha, Gobernador y Presidente -en su segundo mandato-, no haya otro cargo más grave, si siquiera del Presidente Chávez, que lo ataca casi diariamente.  

En resúmen, y sin caer en la ingenuidad de transformar en un santo, a un gobernante que tendrá, seguramente, defectos, creo que los datos aportados no tienen consistencia. Por el contrario, estimo que Alvaro Uribe es un modelo de gobernante, por la capacidad y valentía demostradas, en la conducción de un país seriamente anarquizado, antes de su llegada al poder. 

Mario Meneghini 

[Pueden leerse más antecedentes en el blog: http://foroazulyblanco.blogspot.com    (Etiqueta “Terrorismo”)]          

[1]  Algunos de los libros y artículos consultados: Aruedy, Alejandro. “El narcotráfico en América”; Córdoba, Marcos Lerner, 1993; Boyer, Jean-Francois. “La guerra perdida contra las drogas”; México, Grijalbo, 2001; Arrieta, Carlos y otros. “Narcotráfico en Colombia”; Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1991; Tovar Pinzón, Hermes. “La economía de la coca en América latina”; en Nueva Sociedad,  Nº 130, marzo-abril/1994, Caracas, pgs. 86/111; Krauthausen, Ciro. “Poder y mercado. El narcotráfico colombiano y la mafia italiana”; Nueva Sociedad, op. cit., pág. 112/125; García Bustos, Martha Luz. “Los focos de la mafia de la cocaína en Colombia”; en Nueva Sociedad, Nº 121, setiembre-octubre/1993, pgs. 47/59.

 Ha sorprendido a muchos el acuerdo político entre el ex presidente Néstor Kirchner y quien compitió por la presidencia hace apenas tres meses, encabezando una alianza opositora. El Dr. Roberto Lavagna aceptó reincorporarse al Partido Justicialista y ocupar un lugar expectable en dicha estructura, si bien aduce representar una “alternativa” al oficialismo. En un reportaje efectuado por el diario Clarín (3-2-08), resume su posición: 

-”Yo siempre pensé que no había que hacer ingenierías de creación de nuevos partidos, sino que había que hacer un gran esfuerzo por modernizar y transformar los grandes partidos nacionales”.

-”Aquí claramente hay una mayoría, que es la que expresan el ex presidente y la actual Presidenta, y hay una primera minoría, que es el sector que yo orienté en las últimas elecciones”.-”También coincidimos con Kirchner en que un proceso de fortalecimiento y democratización del justicialismo va a impulsar un reordenamiento de todas las fuerzas políticas”.

-”Yo siempre dije que había un gobierno con el cual comparto algunas cosas y le critico otras, que había una oposición a veces muy rabiosa, y que había una alternativa que éramos nosotros. No es lo mismo ser alternativa que ser oposición”. 

Esta novedad en el ámbito político argentino, confirma la necesidad de un mayor discernimiento antes de emitir el voto, para lo cual se requiere procurar la información necesaria, y seleccionar los candidatos de acuerdo a sus antecedentes y la coherencia entre sus postulados y la escala de valores del ciudadano. Muchos católicos votaron por candidatos que -como Lavagna- no satisfacían los requerimientos mínimos en materia doctrinaria, por considerar que tenían posibilidades de ganar la elección, derrotando a la candidata  oficialista, evaluada -correctamente- como la más peligrosa para el país.

En una breve orientación para las elecciones (27-9-07), estimamos desaconsejable la candidatura de Lavagna: 

“H) Roberto Lavagna - Gerardo Morales: Concertación UNA (incluye a la Unión Cívica Radical)    

Orientación ideológica: justicialista.

En su programa, no se encuentran definiciones sobre los cuatro temas no negociables. Tampoco puede deducirse la posición de su trayectoria en la función pública, puesto que colaboró en los gobiernos de Perón, Alfonsín, De la Rúa, Duhalde y Kirchner. En un reportaje en La Nación (15-4-07) se manifestó de acuerdo en despenalizar el aborto con algunos límites. Lanzó su candidatura en Tilcara, Jujuy, en una ceremonia de homenaje a la Pachamama (La Nación, 22-7-07)”. 

Por eso no nos sorprende la actitud de este dirigente, que ha demostrado poseer un enfoque pragmático de la política, lo que le permite volver a subordinarse al líder del justicialismo, de quien fue ministro de Economía. Conviene, entonces, insistir en la distinción entre “voto útil” y “mal menor”, a la hora de emitir un voto.

El voto útil consiste en que el elector otorgue su voto a un candidato que tiene posibilidades de ganar, aunque no sea confiable, para que el voto no se desperdicie.

El mal menor no se vincula con el maquiavelismo político, que admite hacer un mal para obtener un bien, lo cual es siempre ilícito. El mal menor consiste en tolerar un mal, no realizarlo. Por eso, en la orientación citada, estimamos que, en caso de segunda vuelta, y frente al mayor peligro que representaba la Sra. Kirchner, la candidatura Lavagna podía constituir un mal menor.  

Pero, además, no es habitual que no haya ningún partido aceptable; en esos casos, aunque ninguno satisfaga totalmente nuestras aspiraciones, corresponde votar al partido o candidato más afín. Acaban de señalar los obispos españoles que, no siendo posible encontrar en la política el bien absoluto, es necesario elegir el mal menor. Votar un partido que carece de posibilidades de obtener ni siquiera una banca de concejal, no es una acción inútil. Si el partido satisface las expectativas, pues defiende principios sanos y presenta una plataforma que convendría aplicarse, y/o postula a dirigentes capaces y honestos, merece ser apoyado. En la elección 2007 -según nuestra evaluación- había al menos dos partidos en esa condición.

El acuerdo Lavagna-Kirchner, puede servir de advertencia sobre la necesidad de una mayor participación cívica, y lo negativo del voto útil. 

[Foro Azul y Blanco, 6]

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Antecedentes relacionados con el tema, que pueden encontrarse en nuestra página (Tema: Política): 

-Ideas sobre la crítica a la democracia.

-Mal menor en las elecciones políticas. Votar: ¿optativo o moralmente obligatorio? . 

  IDEAS SOBRE LA CRÍTICA A LA DEMOCRACIA 

1. Si se sostiene que no se puede -o no se debe- actuar en el sistema, pues el sistema es la enfermedad, quedamos paralizados de entrada. El sistema institucional vigente nos incluye, mal que nos pese, puesto que somos ciudadanos de éste Estado, y debemos sujetarnos a los trámites oficiales, cobrar sueldos o jubilaciones, pagar las multas e impuestos, etc. 

2. Dice Lilia Genta: “En cuanto al sistema, vivo en el siglo XXI aunque ame el siglo XIII que no es mi tiempo. Dios me hizo vivir en este tiempo y en esta realidad. (...) Es inútil querer forzar la máquina del tiempo. Dios nos exige el testimonio ahora, con todos los medios que se nos presentan. Los medios son sólo eso, medios. El asunto es usarlos sin renuncios.” 

3. Señala Ernesto Palacio: “El error de muchos tratadistas políticos, sin excluir a los más excelsos, consiste en objetar la legitimidad de ciertas formas históricas por los errores intelectuales en que se fundan.”

“El sufragio está justificado por la experiencia secular como una forma de selección legítima de las clases gobernantes, aunque la razón se oponga a las fantasías del contrato social e incluso al dogma de la soberanía del pueblo, en que se funda la religión democrática.”

“Todo gobierno es un gobierno mixto. Aunque no lo sea en su constitución escrita, lo será en su constitución real, en su funcionamiento.” 

4. El concepto de democracia aceptable para nosotros, es el de la 5ta. acepción, en la clasificación de Héctor Hernandez: participación del pueblo en la cosa pública. “...el recto rechazo de algunas posiciones democratistas produce a veces un rechazo, esta vez injustificado, de contenidos políticos valiosos.” (Democracia: acepciones, valoración; 1991) 

5. La Iglesia acepta la democracia como forma de Estado, o régimen político, compatible con cualquier forma de gobierno que asegure el Bien Común. La última formulación, coherente con el Magisterio anterior, está en la Enc. Centesimus Annus, de Juan Pablo II:

“La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que:-asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas-y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, -o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica.” 

“Al no ser ideológica, la fe cristiana no pretende encuadrar en un rígido esquema la cambiante realidad sociopolítica y reconoce que la vida del hombre se desarrolla en la historia en condiciones diversas y no perfectas.” (p. 46) 

6. Creo que se hace un nominalismo al revés, al hacer hincapié en una palabra, que, en realidad, tiene muchas acepciones. No hay ningún motivo para limitarnos a rechazar el concepto liberal de democracia, ignorando, de paso, la enseñanza de la Iglesia que es madre y maestra, y nos muestra el camino correcto. 

7. Desde el plano técnico, considero que la mejor explicación del tema, y que podemos tomar para nosotros, es la de Bidart Campos, en “Doctrina del Estado Democrático”, donde la define así: 

“La democracia es una forma de Estado que, orientada al bien común, respeta los derechos de la persona humana, de las personas morales e instituciones, y realiza la convivencia pacífica de todos en la libertad, dentro del ordenamiento de derecho divino y de derecho natural.”“La democracia es una forma de Estado; con ello la negamos como forma de gobierno...”. 

8. Nuestra forma de gobierno es la republicana, según establece el Art. 1 de la Constitución Nacional, y ninguno de los elementos que la describen es incompatible con la fe cristiana. 

 MAL MENOR EN LAS ELECCIONES POLÍTICAS.

VOTAR: ¿OPTATIVO O MORALMENTE OBLIGATORIO?[1] 

Mario Meneghini 

1. Es lugar común en la Argentina la queja sobre el mal funcionamiento del sistema político, y sobre la calidad de la mayoría de  los dirigentes. Por eso, en los últimos años -en especial desde la crisis de 2001- se han lanzado muchos proyectos para intentar mejorar dicho sistema político. El principal problema es que la  misma base teórica en nuestro sistema institucional parte de un principio falso: la soberanía popular, que consiste en conferir al pueblo la atribución ontológica del poder. Esta teoría ha quedado consolidada jurídicamente en nuestra Constitución Nacional con la reforma de 1994. En efecto, el nuevo Art. 37 garantiza el ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular. Bidart Campos (1961) demuestra que los supuestos en que se basa esta tesis son científicamente falsos:

Es ficción considerar al pueblo como susceptible de representación, y como entidad unificada que confiere mandato; ficción es suponer que el parlamento representa a la totalidad del pueblo; ficción que los actos de los representantes son actos del pueblo; ficción que el pueblo gobierna. 

2. Ahora bien, que señalemos los errores en que se basa la legislación vigente, no nos autoriza a abandonar el campo de la vida cívica. En primer lugar, pues la realidad indica que la teoría democrática no es más que una máscara totemística, y la partidocracia -que implica desmentir la teoría- se impone al margen de las elucubraciones y de las normas. Cuando el electorado es convocado a las urnas, participa en una especie de ballotage, para seleccionar de entre los candidatos que han sido previamente postulados por los partidos. En segundo lugar, no es correcto cuestionar un ordenamiento institucional por que sean discutibles sus fundamentos intelectuales (Palacio, 1973). En el plano de las ideas es lícito preferir un ré